El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Gabriel Briceño, consignó formalmente al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, el proyecto de reforma de la Ley de Puerto Libre, con el objetivo de actualizar el marco legal vigente y adaptarlo a las nuevas dinámicas económicas globales.
Modernización normativa
Briceño explicó que la normativa actual presenta aspectos rezagados frente a la evolución de la sociedad, especialmente en áreas como el comercio electrónico. Destacó que la propuesta es fruto del esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio y la gobernación de la entidad, lo que refleja un consenso institucional para impulsar el desarrollo económico de la región insular.
Levantamiento de sanciones
El dirigente empresarial afirmó que el cese de las medidas coercitivas permitiría a Nueva Esparta convertirse nuevamente en un faro de progreso para Venezuela. Señaló que la combinación de herramientas legales modernas y el esfuerzo productivo garantizará el bienestar que merecen las familias neoespartanas.
Fortalecimiento institucional
Durante el encuentro, Briceño enfatizó la importancia de fortalecer las instituciones regionales para potenciar el desarrollo económico de la isla. A su juicio, el momento histórico actual exige una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado para alcanzar la prosperidad.
Diálogo y reconocimiento
La propuesta entregada al Parlamento nacional busca dignificar el intercambio comercial y optimizar la importación de bienes terminados. Briceño instó a los ciudadanos a asumir un comportamiento basado en el respeto, el reconocimiento mutuo y la búsqueda constante del diálogo.
Compromiso empresarial
El sector empresarial reiteró su compromiso de trabajar en armonía para recuperar las capacidades productivas de Nueva Esparta. Con esta iniciativa, el gremio espera que la aprobación de la reforma legal se traduzca en una economía digna y eficiente para todos los habitantes de la región.
La entrega del proyecto de reforma de la Ley de Puerto Libre marca un paso clave en la estrategia de Nueva Esparta para modernizar su marco legal y atraer inversión. La propuesta refleja la voluntad de articular esfuerzos entre el sector privado y las autoridades regionales, con la expectativa de que la actualización normativa se convierta en un motor de desarrollo económico y social para la isla.
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