Un grupo de especialistas en materia electoral y representantes de organizaciones de la sociedad civil venezolana expuso la necesidad de alcanzar un acuerdo político para la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creación de un Estatuto Electoral Especial que regule la convocatoria de elecciones en el marco de una transición democrática en Venezuela.
Las propuestas fueron presentadas durante un foro organizado por la asociación civil Alianza por Venezuela, en Argentina, con la participación de expertos y activistas.
El periodista Eugenio Martínez, director de Votoscopio, explicó que el Estatuto Electoral Especial surge de una iniciativa de Transparencia Venezuela y tendría carácter transitorio, destinado a regir el primer proceso electoral de la transición. Su función sería definir las competencias y responsabilidades del CNE para organizar el proceso y evitar que otros poderes del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), puedan bloquear o interferir en el funcionamiento del ente comicial.
Por su parte, Gabriela Hernández, coordinadora de proyectos de la ONG Súmate, subrayó la urgencia de actualizar el Registro Electoral, permitiendo la inscripción de jóvenes que han cumplido 18 años y de la diáspora venezolana, que fue excluida de la elección presidencial de 2024. Según estimaciones, de los 9 millones de venezolanos en el exterior, alrededor de 4 millones deberían poder inscribirse o actualizar sus datos para votar en embajadas y consulados. En las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, apenas 69.211 venezolanos estuvieron habilitados para votar fuera del país, lo que representó una exclusión masiva.
El coordinador de Transparencia Electoral, Eduardo Repilloza, resaltó la importancia de permitir observación nacional e internacional en el nuevo proceso electoral, incluyendo a organizaciones venezolanas y a organismos como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y expertos de la ONU.
La promotora de la Red Electoral Ciudadana, Griselda Colina, enfatizó que la sociedad civil debe movilizarse para colocar estas exigencias en la agenda pública y garantizar elecciones con condiciones y garantías. También destacó la necesidad de que cese la censura y exista apertura en los medios de comunicación, para que todas las voces puedan participar del debate político y los ciudadanos estén bien informados.
Finalmente, el internacionalista y consultor político Luis Peche afirmó que una condición fundamental para avanzar hacia un proceso electoral competitivo es la liberación de los más de 500 presos políticos que aún permanecen encarcelados y el retorno de los exiliados, especialmente de la líder opositora María Corina Machado. Peche también señaló la necesidad de eliminar las inhabilitaciones políticas y devolver las tarjetas de los partidos intervenidos por el régimen chavista.
Las propuestas reflejan un consenso entre expertos y organizaciones de la sociedad civil sobre la urgencia de establecer reglas claras y transparentes para garantizar que las próximas elecciones en Venezuela se desarrollen con legitimidad y credibilidad internacional.
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