El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) publicó este domingo 7 de junio un comunicado en el que cuestionó los recientes traslados de detenidos desde El Helicoide, advirtiendo que el vaciamiento de celdas no puede interpretarse como el cierre definitivo de uno de los centros de reclusión más señalados por organismos de derechos humanos.
Falta de información oficial
La organización denunció que hasta ahora no existe una lista oficial, un pronunciamiento público ni información verificable por parte del Estado sobre la identidad y el destino de las personas trasladadas el pasado 3 de junio.
El comité sostuvo que esta ausencia de datos generó incertidumbre entre familiares de los detenidos, quienes pasaron horas sin conocer si sus seres queridos permanecían en el recinto, habían sido movilizados o las condiciones en las que se encontraban.
“Ningún traslado puede hacerse como si las personas detenidas fueran objetos que se mueven de un lugar a otro sin explicación, sin notificación y sin control legal”, señaló el comunicado.
El Helicoide bajo cuestionamiento
El Comité insistió en que El Helicoide no puede considerarse cerrado mientras continúe vinculado a organismos policiales y de inteligencia y no exista información pública sobre su desmantelamiento definitivo.
“Vaciar celdas no es cerrar un centro de tortura. Trasladar presos no desmonta una política de represión”, enfatizó el texto.
Críticas a la minimización del impacto
La organización también criticó a quienes, según afirmó, intentan minimizar el impacto de los traslados o deslegitimar las denuncias de familiares y víctimas.
“La reconciliación no se construye negando el dolor de las víctimas. Se construye con verdad, garantías, justicia y responsabilidad del Estado”, indicó el comunicado.
Contexto
El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ha sido señalado durante años por organismos internacionales como un centro de detención donde se han documentado violaciones de derechos humanos, torturas y tratos crueles contra presos políticos y detenidos comunes.
Los recientes traslados han generado especulación sobre un posible cierre del recinto, pero el Comité por la Libertad de los Presos Políticos advierte que sin información oficial y verificable, cualquier interpretación resulta prematura y puede invisibilizar la situación de las víctimas.
El comunicado del Comité refleja la preocupación por la falta de transparencia en los procesos de traslado y la necesidad de que el Estado asuma responsabilidad frente a las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos.
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