Un total de 61 organizaciones no gubernamentales pidieron este viernes que los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en Venezuela, elegidos esta semana por el Parlamento, cumplan sus funciones con independencia e imparcialidad, y avancen en la defensa de los derechos humanos en el país.
En un comunicado conjunto, las ONG señalaron que ambas instituciones tienen la “responsabilidad inmediata e ineludible” de garantizar su autonomía y recuperar la confianza pública. Además, subrayaron que tanto el Ministerio Público como la Defensoría deben reconocer formalmente la legitimidad del trabajo de las organizaciones y activistas defensores de derechos humanos, asegurando condiciones plenas para su libre actuación.
Las organizaciones solicitaron al nuevo fiscal, Larry Devoe, que cese los procesos de investigación y juicios basados en motivos políticos y que promueva la liberación de los presos políticos. También lo exhortaron a abrir investigaciones contra funcionarios señalados de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por la Misión de Investigación de la ONU, así como a cooperar de manera activa con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Por su parte, pidieron a la nueva defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, que visite las cárceles y publique informes periódicos y transparentes sobre sus hallazgos. Además, le solicitaron establecer canales formales de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos, y adoptar gestiones concretas para facilitar sus visitas al país.
Las ONG también instaron a González Lobato a promover el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a impulsar la derogación de legislaciones contrarias a los estándares internacionales en la materia.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Provea, Espacio Público, Laboratorio de Paz, Civilis y Acceso a la Justicia, que se comprometieron a seguir documentando y evaluando el trabajo de la Fiscalía y la Defensoría.
Los abogados Devoe y González Lobato fueron designados tras un proceso de selección desarrollado por el Parlamento, de mayoría chavista. Ambos nombramientos han sido cuestionados por ONG y dirigentes opositores, quienes señalaron el historial de Devoe como funcionario del chavismo y la falta de experiencia en defensa de derechos humanos de González Lobato.
Los nuevos titulares del Poder Ciudadano asumen sus cargos en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, que ha otorgado más de 8.000 libertades plenas en el país.
Redinfodigital / Red de Información Digital.
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