Porlamar. El líder político de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, rechazó la suspensión temporal de los trabajos de construcción en la Laguna Blanca o Laguna del Morro, en el municipio Mariño, y exigió una clausura definitiva del proyecto turístico que contempla levantar un hotel y una cancha de pádel en el área natural.
Rodríguez aseguró que ya adelantó gestiones ante la Asamblea Nacional, el Ministerio del Ambiente y otros organismos competentes para elevar la voz en nombre de los margariteños que se oponen a la obra. “Tenemos derecho de preguntarle al poder ejecutivo regional y municipal cómo se otorgaron permisos para desarrollar un proyecto turístico que atenta contra la Ley Orgánica del Ambiente, el Plan de Ordenamiento Territorial, entre otras disposiciones nacionales e internacionales”, increpó.
El dirigente recalcó que la ley debe aplicarse para todos en un Estado democrático y que “nada ni nadie debe ser la excepción”. En ese sentido, exhortó a las autoridades a no ignorar el reclamo de los ciudadanos que exigen el cese definitivo de la construcción, la cual —según afirmó— podría desarrollarse en otros espacios sin afectar el orden ambiental.
Rodríguez insistió en que los margariteños deben mantenerse alerta para defender este patrimonio natural y evitar que se convierta en un precedente negativo para la protección de áreas sensibles en la isla.
La Laguna Blanca, también conocida como Laguna del Morro, es considerada un ecosistema frágil y de alto valor ambiental. Diversas organizaciones locales han advertido que la construcción de infraestructuras turísticas en la zona podría alterar el equilibrio ecológico, afectar la biodiversidad y contravenir normativas ambientales nacionales e internacionales.
El debate sobre el proyecto ha generado preocupación en sectores sociales y ambientales, que reclaman mayor transparencia en la entrega de permisos y en la evaluación de impacto ambiental.
La exigencia de Rodríguez se suma a las voces que piden una revisión exhaustiva de los permisos otorgados y la aplicación estricta de la legislación ambiental. El desenlace dependerá de la respuesta de las autoridades regionales y nacionales, así como de la presión ciudadana para garantizar la protección de la laguna como patrimonio natural de Nueva Esparta.
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