El Gobierno de Venezuela emplea su sistema tecnológico de seguridad ciudadana como un mecanismo de control político, según un informe difundido este jueves por la ONG VE Sin Filtro. El documento detalla prácticas como la intercepción de telecomunicaciones, el uso de cámaras de videovigilancia, aplicaciones impulsadas por el Estado, drones y ciberataques, que en conjunto configuran lo que la organización describe como una “severa restricción del espacio cívico”.
El análisis, que abarca el período entre octubre de 2023 y enero de 2026 —tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses—, identifica proveedores de tecnología, mapea el despliegue geográfico y estima que la inversión en estos sistemas supera los mil millones de dólares. Según la ONG, estas herramientas han permitido la expansión del “control autoritario” bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la intercepción de telecomunicaciones, considerada el componente más intrusivo del aparato de vigilancia. El informe cita datos de transparencia de Telefónica España en 2021, que revelaron 1.523.363 líneas móviles afectadas y 205.800 órdenes de intercepción, lo que demuestra una vigilancia “a escala industrial”.
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La infraestructura de cámaras de circuito cerrado también es señalada como un instrumento de control. Proveedores chinos como Dahua y Hikvision dominan la cadena de suministro, pese a sanciones internacionales. Bajo la gestión del ministro de Interior, Diosdado Cabello, la instalación de cámaras se multiplicó en 2025, alcanzando unas 7.000 unidades en todo el país, con sistemas de reconocimiento facial y detección de matrículas. Caracas y Trujillo figuran entre las zonas más vigiladas.
VE Sin Filtro advierte que estas tecnologías pueden ser utilizadas para identificar y perseguir a ciudadanos en protestas, lo que incrementa los riesgos de detenciones en contextos de crisis política. Además, denuncia inspecciones de teléfonos sin orden judicial en controles policiales y la vigilancia en grupos de mensajería.
La Comisión Europea y organizaciones internacionales han alertado previamente sobre el uso de tecnologías de vigilancia para restringir derechos civiles, un debate que ahora se intensifica con los hallazgos sobre Venezuela.
Redinfodigital / Red de Información Digital
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