El año 2025 cerró con un récord histórico de 1.639 ejecuciones en Irán, según el informe anual conjunto de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y la organización francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). El aumento del 68% respecto al año anterior convierte a este registro en el más alto desde 1989 y refleja una intensificación de la aplicación de la pena de muerte en el país.
Opacidad y falta de transparencia
De las ejecuciones contabilizadas, solo 113 fueron anunciadas oficialmente, lo que equivale a menos del 7% del total. En 2024 esa proporción fue de 9,5% y en 2023 alcanzó el 15%. Las organizaciones denuncian que esta tendencia evidencia una política de ocultamiento sistemático por parte de las autoridades iraníes, que limita el acceso a información pública sobre los procesos judiciales y las condenas.
Principales causas de ejecución
El informe detalla que casi la mitad de las muertes se produjeron por delitos relacionados con drogas, un incremento del 58% frente al año anterior. Este repunte coincide con una intensificación de las operaciones policiales y judiciales contra el narcotráfico, especialmente en regiones fronterizas.
Otras 37 ejecuciones se llevaron a cabo por cargos de violación, mientras que 57 personas fueron condenadas por delitos de seguridad nacional, entre ellos rebelión armada (baghi), enemistad contra Dios (moharebeh) y corrupción en la Tierra (efsad-fil-arz).
Entre las víctimas figuran dos manifestantes, 18 prisioneros políticos, 13 acusados de espionaje y un condenado por corrupción financiera, lo que refleja la amplitud de los cargos utilizados para justificar la pena capital.
Ejecuciones públicas y extranjeros afectados
El documento destaca que 11 ejecuciones se realizaron en espacios públicos, una práctica que las organizaciones consideran una forma de intimidación social. Además, al menos 84 ciudadanos afganos fueron ejecutados, frente a los 80 de 2024 y los 16 de 2022. También se registraron tres iraquíes y una persona identificada únicamente como extranjera.
La presencia de ciudadanos no iraníes entre las víctimas pone de relieve la situación de vulnerabilidad de los migrantes y refugiados en el sistema judicial iraní, donde las garantías procesales son limitadas y las condenas suelen dictarse sin acceso adecuado a defensa legal.
Contexto político y judicial
El aumento de ejecuciones se produce en un contexto de tensiones internas y presión internacional sobre el gobierno iraní. Las protestas sociales, la crisis económica y los conflictos regionales han llevado a las autoridades a endurecer las políticas de seguridad y control social.
Según IHRNGO y ECPM, la pena de muerte se utiliza como herramienta política para disuadir la disidencia y mantener el control estatal. Los cargos de “enemistad contra Dios” y “corrupción en la Tierra” son aplicados con frecuencia a opositores, activistas y periodistas, lo que ha generado preocupación en organismos internacionales.
Reacciones internacionales
Diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han condenado el aumento de ejecuciones y han instado a Irán a suspender la aplicación de la pena capital. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha pedido transparencia y respeto al debido proceso en los juicios.
La comunidad internacional considera que la cifra de 2025 representa un retroceso en los esfuerzos globales por limitar la pena de muerte. En contraste, más de 140 países han abolido o suspendido la práctica, mientras que Irán se mantiene entre los cinco Estados con mayor número de ejecuciones anuales, junto con China, Arabia Saudita, Egipto y Estados Unidos.
Comparación histórica
Desde 1989, año en que se registró el último pico similar, Irán ha mantenido una política de aplicación constante de la pena capital, aunque con variaciones según el contexto político. Los años de mayor represión suelen coincidir con periodos de inestabilidad interna o con cambios en la estructura del poder judicial.
El informe de 2025 marca un punto crítico en esa tendencia, al superar ampliamente las cifras de los últimos tres años y al incluir un número creciente de ejecuciones por delitos no violentos, como el tráfico de drogas o la corrupción.
Perspectivas y llamado a la acción
IHRNGO y ECPM concluyen que la situación requiere una respuesta urgente de la comunidad internacional. Las organizaciones proponen reforzar los mecanismos de monitoreo y exigir a Irán el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que limita la aplicación de la pena de muerte a los “delitos más graves”.
El informe también insta a los gobiernos europeos y asiáticos a revisar sus relaciones diplomáticas y comerciales con Irán, incorporando cláusulas de respeto a los derechos humanos en sus acuerdos bilaterales.
La cifra de 1.639 ejecuciones en un solo año no solo refleja la magnitud del problema, sino también la urgencia de una acción coordinada para detener el uso sistemático de la pena capital como instrumento de control político y social.
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